Al revisar las agendas programáticas del gobierno para nuestra región, ya sea desde la Estrategia Regional de Desarrollo Maule 2020, o por la Política Cultural Regional Maule 2017-2022, resulta evidente la relevancia que posee el patrimonio en vista de una valorización de los recursos y posibilidades con los cuales cuenta y se identifica este territorio, entendiendo la variable del patrimonio como un lineamiento primordial en beneficio de los habitantes de esta región y de su desarrollo.

Pasando a un ámbito más operativo, las políticas sectoriales fomentadas por el Estado para las regiones han instaurado una serie de iniciativas provenientes de diversos ministerios del Estado, enfocándose en el patrimonio arquitectónico y urbano. Cabe destacar entre estas iniciativas aquellas implementadas por la Subsecretaria de Desarrollo Regional y Administrativo (SUBDERE) que cuenta con el emblemático Programa de Puesta en Valor del Patrimonio (que ha permitido la mayor recuperación de edificaciones en todo lo extenso del territorio nacional), contando paralelamente con el Programa de Revitalización de Barrios e Infraestructura Patrimonial Emblemática, el cual se enfocaría en la recuperación de conjuntos de valor patrimonial como una forma de activación urbana en perspectiva sustentable. Del mismo modo el Ministerio de Vivienda y Urbanismo ha incorporado al patrimonio en su agenda siendo un lineamiento central en la actual Política Nacional de Desarrollo Urbano (2014), lo cual se condice con distintos programas de esta cartera: Recuperación de Barrios, de Espacios Públicos o Actualización de Instrumentos de Planificación Territorial, los que abordan distintas escalas del patrimonio urbano.

No obstante todo este despliegue de inversión pública implementada a lo largo del país, solo en algunos casos los gobiernos locales han sabido comprender el valor del recurso cultural existente en sus territorios, utilizándose este capital en beneficio de sus habitantes y de la economía interna. En este panorama la situación de la Región del Maule resulta desalentadora al constatarse el modo en el cual se desestiman sus recursos culturales, ya sea aquel de las tradiciones campesinas y del paisaje agroalimentario de nuestra ruralidad, como también aquel patrimonio construido que hallamos en cada ciudad. No solo en los edificios que retratan la historia urbana, sino en los espacios públicos –plazas y alamedas– además de los barrios, que contienen los fragmentos de la memoria de nuestras ciudades y, por lo tanto, son también portadores de significados que deben valorizarse.

El hecho es que la política patrimonial no ha logrado decantar ni en beneficio de los ciudadanos, ni en el ansiado desarrollo sustentable de los territorios. Cabe preguntarse entonces cuales son las razones de esta carencia que afecta a la mayoría de las comunas del Maule, en cuanto al resguardo de los bienes culturales que pertenecen a todos sus ciudadanos. Algunos motivos se podrían extrapolar del diagnóstico formulado en el documento “Propuestas de un modelo integral de conservación para el patrimonio urbano” realizado por el Consejo Nacional de Desarrollo Urbano. Consideraremos para estos efectos un par de problemáticas que se corresponden con lo que acontece a escala local. La primera dice relación con la centralidad existente tanto administrativa como del conocimiento referido al patrimonio, pues la toma de decisiones sobre este ámbito es, en la mayoría de los casos, efectuada en la capital nacional; de esta situación se desprendería una segunda dificultad, que se debe a la debilidad técnica en las municipalidades, puesto que en general hay una carencia de equipos especializados para la protección y valoración del patrimonio local que manifiesta un desinterés por parte de quienes tienen tal responsabilidad.

De acuerdo a lo anterior, se desprende que una posibilidad cierta de dar cumplimiento a las políticas patrimoniales en este contexto correspondería al accionar de los gobiernos comunales –dígase alcaldes y consejos municipales– ya que radica en ellos la responsabilidad del cuidado de los recursos culturales que la ciudadanía identifica como relevantes dentro de su cotidianeidad. Por lo tanto, entendido así, al no efectuar los municipios tal labor de resguardo, protección y puesta en valor, estarían incurriendo en un perjuicio hacia su propia comuna. Pero en esta falta también hay una responsabilidad compartida con la ciudadanía, puesto que también tienen una obligación sobre el cuidado de los bienes que pertenecen a la ciudad. De hecho puede señalarse como un ejemplo relevante el caso de las Escuelas Concentradas de Talca, donde se logro salvar de la destrucción al emblemático edificio por la acción responsable de la ciudadanía organizada.